UN CRIMEN LLAMADO GENOCIDIO

 


Por Néstor Núñez
Servicio Especial de la AIN

El cerco económico de Washington a Cuba, que se prolonga por casi  cinco décadas, y que durante 15 años ha sido condenado masivamente por  las naciones del mundo en el seno de la Asamblea General de la ONU,  tiene un sinónimo exacto y preciso: genocidio.


Durante todos estos largos años los cubanos pueden testificarlo con  creces. Se les ha negado por el imperio la compra de alimentos, insumos  industriales, medios de transporte, tecnología para la salud, y  medicamentos esenciales.


Al mismo tiempo, han enfrentado acciones terroristas, ataques  armadas, sabotajes e incluso la introducción deliberada de epidemias  con daños a la ganadería y la agricultura y provocado la muerte de  numerosos de ciudadanos, esencialmente niños.


Más de tres mil cubanos han perdido la vida en los últimos decenios  a cuenta de esta guerra imperial de mil cabezas.   Mientras, según  cálculos conservadores, las pérdidas materiales de Cuba a cuenta del  bloqueo ascienden ya a 89 mil  millones de dólares, y siguen  acumulándose.


Las legislaciones internacionales son bien claras con respecto a  estos daños. La Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción  del Delito de Genocidio, aprobada en ONU en 1948, establece como un  crimen de lesa humanidad imponer el hambre y las enfermedades a una  población determinada para lograr fines de dominación.


Y vale entonces la pregunta: ¿Qué es lo que ha intentado Washington  en todos estos años de agresión, sino precisamente vencer mediante las   más duras penurias la resistencia de los cubanos?    Por su parte, la Conferencia Naval de Londres, en 1909, definió como un acto de guerra económica la pretensión de evitar mediante la fuerza y las presiones de todo tipo, que a un país accedan insumos  indispensables para sus pobladores.


   En consecuencia, la Casa Blanca lleva 47 años haciendo caso omiso de  principios legales establecidos, incluso desde inicios de la centuria  pasada, lo cual indica que, en busca de materializar sus intereses, no  existen límites institucionales, ni mucho menos éticos. (Por Néstor  Núñez)